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El concejal del Partido Popular, Juan Carlos Vélez, ha renunciado públicamente a su acta en el pleno ordinario celebrado esta mañana. Una noticia que ya habíamos dado hace unos días y que hoy se ha hecho oficial ante el plenario. Los motivos ofrecidos por Vélez han sido personales “no he conseguido adaptarme a la vida política, así que prefiero dejar mi asiento a otro miembro del grupo que pueda hacerlo mejor que yo”, ha explicado. Además, Vélez ha señalado que seguirá siendo una persona activa en el municipio y con el grupo político al que ha estado vinculado este año de legislatura. Tanto sus compañeros de partido como los portavoces de las demás formaciones políticas le han apoyado en su decisión y les han transmitido su pesar por su salida de la vida política.Tras la dimisión del concejal popular, el plenario ha realizado tres declaraciones institucionales, una en apoyo a las reivindicaciones formuladas por la Confederación Andaluza de Organizaciones de las Personas con Discapacidad Intelectual, una segunda abogando por la consideración de Isla Cristina como ciudad solidaria con el Alzheimer, y una tercera presentada de modo urgente por la alcaldesa, María Luisa Faneca, instando a la Junta de Andalucía a que liquide sus deudas con las escuelas infantiles para no poner en riesgo su apertura el próximo mes de septiembre para el curso escolar 2012-2013.
El concejal popular, Juan Carlos Vélez, durante su intervención antes de abandonar el pleno
Al margen de estos temas el punto más conflictivo del pleno ha sido la modificación e inaplicación de algunos artículos del acuerdo regulador de funcionarios y los convenios de los trabajadores laborales, una moción que ha sido aprobada únicamente con los votos del Equipo de Gobierno. En la sesión han estado presentes algunos representantes sindicales entre el público, aunque no han realizado, como en otras ocasiones, protestas o reivindicaciones, sino que han asistido como parte del público. El concejal de Personal y portavoz del grupo socialista, José Antonio Rodríguez, ha explicado que “nos hemos visto obligados a estas medidas por la aplicación del Plan de Ajuste”, asegurando que todas las medidas se habían consensuado entre presidencia y sindicatos en distintas reuniones. Por parte de la oposición, tanto la concejala popular Gema Isabel Gutiérrez, como la portavoz independiente Antonia Grao, han coincidido en criticar la forma tan precipitada en que se están realizando los ajustes que afectan a los trabajadores, además de acusar la popular al Equipo de Gobierno de estar realizando los recortes a dedo. “Con estas medidas los trabajadores pierden muchos de sus derechos”, sentención Antonia Grao en su intervención. Sin embargo, el portavoz andalucista, Francisco Zamudio, ha señalado que las modificaciones vienen impuestas desde Madrid, que ha aumentado la jornada a 37,5 horas semanales. Además, el real decreto que aplica esta nueva norma establece que “todo convenio o acuerdo queda nulo en caso de que vaya en contra de la norma estatal”, ha destacado el portavoz socialista para justificar las modificaciones. Zamudio ha explicado que la modificación sustancial se basa en que los funcionarios que antes trabajaban de lunes a viernes podrían tener que trabajar un sábado en función del servicio prestado, al igual que los laborales tendrán una disponibilidad de lunes a domingo, entendiéndose que se descansarán dos días a través de la organización del trabajo y los diferentes turnos. Por otra parte el portavoz andalucista ha destacado que “esto se debe a que antes suplíamos las horas extra o los fines de semana con pagas extra y eso ya no es posible porque no hay dinero y porque va en contra de la norma estatal”.
Otro aspecto destacado dentro de esta misma moción ha sido un apunte señalado por la portavoz del Partido Independiente La Figuereta, Antonia Grao, quien ha mostrado su preocupación por la modificación de las condiciones para la exteriorización de servicios, que según la independiente “quita derechos a los trabajadores y los deja desamparados en caso de que la empresa responsable quiebre”. Algo que Zamudio ha señalado que “dado el caso se buscará la fórmula de proteger los intereses de los trabajadores municipales”. El portavoz socialista también se ha manifestado en este punto, señalando que “según la normativa estatal hay servicios que, si no son autofinanciables, no se pueden proporcionar desde el Ayuntamiento, por lo que habrá que hacerlos de manera externa, pero eso no significa que los trabajadores no conserven sus derechos”.
Otra de las mociones presentadas por el Equipo de Gobierno, en este caso aprobada por unanimidad, ha sido la propuesta al Gobierno Central de la creación de un plan de ayuda a los ayuntamientos para el pago de las nóminas. “Al igual que el Estado ofreció unos créditos para el pago a proveedores, solicitamos que se haga algo parecido para que los ayuntamientos podamos garantizar el pago de las nóminas de nuestros trabajadores”, señaló Zamudio durante la exposición de la moción. El portavoz popular, Francisco González, ha solicitado que esta propuesta se ampliara también a la Junta de Andalucía, algo que los demás miembros del pleno han denegado porque, según la alcaldesa “esa ayuda que usted pide ya se está percibiendo”. Por otro lado la portavoz independiente apoyó la moción “a pesar de suponer un mayor endeudamiento para el Consistorio”. Una moción en una línea similar ha presentado más tarde el PP, con la propuesta de crear una línea presupuestaria en la Diputación Provincial para crear una partida de ayuda a ayuntamientos en una situación financiera de emergencia grave. La alcaldesa ha explicado que este tema ya se presentó en Diputación y se denegó, pero que aún así iban a aprobar la moción para hacer presión en el ente provincial y que este, a su vez, hiciera presión en administraciones superiores, resultando así aprobada por unanimidad dicha propuesta.
El grupo municipal popular ha presentado varias mociones, una de ellas relativa al retraso del pago voluntario del IBI. Al principio el grupo popular solicitaba que el plazo se ampliara hasta diciembre, algo imposible debido a que en noviembre los ayuntamientos necesitan tener datos cerrados, por lo que finalmente se ha retrasado el plazo hasta el 31 de octubre. Lo que sí ha destacado María Luisa Faneca es que “solo se podrá pagar a través del banco hasta el 30 de septiembre, a partir de entonces y hasta el 31 de octubre se podrá abonar sin recargo pero directamente en las oficinas”. Esta moción ha sido aprobada por unanimidad.
Otra de las propuestas llevadas a pleno por el grupo popular ha sido sobre la creación de una parada de taxis en Urbasur y la unificación del servicio a través de una única línea telefónica. El concejal encargado de esta área, Domingo Payán, ha pedido al concejal popular que retirara la moción porque son gestiones que ya se están realizando. Payán ha explicado que tras varias reuniones con el sector se ha determinado establecer la parada en Urbasur, así como el establecimiento de un número telefónico único, que está en trámite, y establecer un turno de guardias nocturnas que los ciudadanos pueden conocer en cada momento llamando a la Policía Local o a la Guardia Civil. González no quiso retirar la moción y finalmente ésta fue rechazada con los votos en contra del Equipo de Gobierno y la abstención del PIF.
El Equipo de Gobierno también ha presentado una moción que según ha destacado Zamudio “aboga por el municipalismo”, en contra de los recortes efectuados desde el Gobierno Central. Faneca ha expresado su preocupación por los recortes que se están efectuando en las competencias y presupuestos destinados a los ayuntamientos, cuando suponen una parte muy pequeña de la deuda estatal. El portavoz popular ha votado en contra de la moción porque, “estas medidas son necesarias ante la situación del crisis del país”, ha señalado. La portavoz independiente ha votado a favor porque “aunque comprendemos que son medidas necesarias no nos parece justo que siempre paguen los que menos tienen y los trabajadores, como está sucediendo con los recortes en el propio Ayuntamiento isleño”. El portavoz socialista destacó que “aunque se habla mucho de recortes no se tocan las grandes fortunas, ni se buscan medidas para la reactivación de la economía”.
Para concluir se han presentado dos mociones de urgencia. La primera de ellas relativa a los recortes impuestos por el Ayuntamiento sobre las pagas extraordinarias de los trabajadores municipales, a los que se les recortaría un 25% en cada una. “Al haber suprimido el Gobierno la paga de Navidad, consideramos oportuno eliminar este recorte, por lo que el dinero retraído de la paga de verano será devuelto en cuanto sea posible”, ha explicado María Luisa Faneca. Por otro lado se presentó una moción relativa a la eliminación, por parte del Estado, de 3.725 Entidades Locales Menores, entre ellas, La Redondela. Los portavoces de los distintos grupos señalaron lo importante que es que La Redondela tenga su propio Ayuntamiento y recordaron que estas Entidades no suponen un gasto para el Estado, sino que subsisten de los presupuestos del Ayuntamiento matriz. Esta propuesta se va a llevar a todos los ayuntamientos de los que dependen Entidades Locales Menores para hacer presión y evitar la medida.
En el apartado de ruegos y preguntas, grupo popular e independientes se preocuparon por la suciedad que hay en el pueblo, algo que María Luisa explicó por la falta de personal para abastecer a la localidad por el aumento de población en esta época, y por la rotura de algunas de las máquinas de limpieza. Francisco González preguntó porqué la charanga que había participado en las Fiestas del Carmen era de fuera, en lugar de contar con la Banda de Música isleña, contestándosele que eran puros motivos económicos, al igual que el caso de otro ruego presentado por Antonia Grao, sobre la realización de la revista de las Fiestas en Honor a María Auxiliadora en una imprenta de Lepe en lugar de en la de Isla Cristina. La independiente también pidió que se haga una buena campaña informativa sobre la zona azul antes de que entre en funcionamiento para calmar las inseguridades de los ciudadanos.
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